En España, a diferencia de lo que sucede en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos europeos, el derecho de la responsabilidad civil (Schadensrecht, Law of Torts) está fragmentado en cuatro regulaciones materiales, cuatro regulaciones procesales y cuatro jurisdicciones competentes. Asimismo, los estándares de responsabilidad previstos por las diferentes regulaciones materiales son distintos para las mismas constelaciones de casos, que pueden estar sujetas a un estándar de negligencia (Fahrlässigkeit, Negligence) o a otro de responsabilidad objetiva (Gefährdungshaftung, Strict Liability). La Collateral Source Rule en derecho social, por su parte, se aplica en España de manera limitada: las Salas Primera y Cuarta del Tribunal Supremo coinciden en acumular las distintas prestaciones a las que puede tener derecho la víctima de un daño, mientras que la Tercera opta por la regla de la deducción. La jurisprudencia también aplica limitadamente, aunque cada vez más, la distinción entre causalidad naturalística (Kausalität, Cause in Fact) e imputación objetiva (Objektive Zurechnung, Proximate Causation). También existen diferencias en el tratamiento del daño moral por los Jueces y Magistrados españoles, que tienden a considerarlo sin más restricciones que las que afectan a los criterios generales que utilizan en materia de indemnización de daños y perjuicios y, además, lo han reconocido en casos de responsabilidad civil contractual. Asimismo, destaca su tendencia a utilizar la partida de daño moral para sancionar conductas dolosas o gravemente negligentes, o para indemnizar daños patrimoniales que no hubieran quedado suficientemente probados. Una última particularidad del ordenamiento jurídico español consiste en el establecimiento de baremos (caps) obligatorios en la valoración de los daños corporales causados en accidentes de circulación.